Obstáculos y dinámicas de poder de los programas del tribunal
A pesar de tener diferencias importantes (para definiciones específicas, revise el glosario), los programas de desviación, los tribunales de resolución de problemas y las alternativas al encarcelamiento (ATI, por sus siglas en inglés) tienen similitudes claves: la persona enjuiciada entra y debe completar exitosamente algún tipo de programa o de requisito (algunos ejemplos pueden incluir clases de manejo de la ira, “tratamiento” de drogas o de salud mental, clases de arte, círculos de justicia restaurativa, servicio comunitario, consejería y pago de multas o restitución) en lugar de una condena o encarcelamiento. En esta discusión sobre sus obstáculos y dinámicas de poder, nos referiremos a los tres bajo el término general “programas del tribunal”.
En algunas jurisdicciones y para ciertos tipos de casos, la defensa necesita la aprobación del fiscal, mientras que en otros, solamente el juez debe aprobarla. Cuando es necesaria la aprobación del fiscal, es posible que la defensa tenga que presionar al fiscal. Como lo describimos en la sección sobre negociación de una declaración de culpabilidad, el fiscal tiene todo el poder en estas negociaciones.
A pesar de que estos programas, ya sean ordenados por los fiscales o los jueces, frecuentemente parecen un buen acuerdo, negociación o alternativa al castigo, en realidad expanden la vigilancia y la supervisión, están acompañados de tarifas y otras obligaciones financieras, expanden el control del estado sobre la vida de las personas por años y, a veces pueden ser una trampa que conlleve al encarcelamiento. Especialmente los programas de internamiento pueden sentirse como una prisión. No obstante, estos programas pueden sonar tentadores porque si la persona puede navegar todos los requisitos, muchas veces puede evitar tener un antecedente penal o una condena en la prisión.
Tomemos por ejemplo el tribunal en Massachusetts que se estableció en el otoño de 2021 para administrar a la población sin hogar cerca de la cárcel de South Bay. Este tribunal se estableció supuestamente para reubicar a las personas congregadas en campamentos temporales y a las personas sin hogar en opciones de “tratamiento y vivienda”. En lugar de eso, el tribunal se estableció dentro de una cárcel y lo único que hizo fue acosar, criminalizar y encarcelar a las personas a las que debía ayudar.
Lo que es tan pernicioso sobre estos programas es que a veces las personas que de verdad necesitan los servicios y el tratamiento sólo pueden acceder a ellos a través del sistema de castigo criminal y, su acceso a los recursos se condicionan en estar sujetos al control carcelario del sistema.
Generalmente, para ser elegible para este tipo de programas, la persona acusada necesita demostrar que “le pasa algo malo”. Esto requiere que compruebe tener los síntomas de una enfermedad mental, aunque dependiendo del programa también podría ser una adicción a las drogas o un problema de ira. Algunos cargos y condenas evitan que una persona participe en estos programas porque se le considera demasiado “violenta” y/o “peligrosa”. A menudo, los programas también requieren que la persona que se registra para los beneficios públicos pague por su registro o que pague de su bolsillo. Es posible que a las personas que no son elegibles para los beneficios públicos (como algunos no ciudadanos) se les dificulte más acceder a los programas. Los programas a menudo son operados por hospitales y agencias de servicio social externas. Esas agencias tienen sus propias normas y personal. Tienden a estar poco financiadas y a tener pocos recursos. Debido a que estos programas tienen contratos con los tribunales penales, a veces pueden replicar algunas de las dinámicas de las prisiones y cárceles: toque de queda, limitaciones para las visitas, sanciones por no seguir las normas, supervisión.
Además, como explica la profesora de derecho Erin Collins, respecto a los tribunales de resolución de problemas específicamente, estos programas funcionan principalmente para agrandar el poder de los jueces y de los fiscales y para expandir el ámbito y el control del sistema de castigo criminal a costas de sus supuestas metas de “tratamiento”. El poder principal de un tribunal es enjuiciar a una persona por un comportamiento que tuvo; los tribunales de resolución de problemas convierten esto en algo más grande ya que buscan enjuiciar y criminalizar a una persona por quien es o por las circunstancias de pobreza, adicción o salud mental en las que se encuentra. Este tipo de tribunal normaliza, como un principio, tratar a las personas cuyos estatus están comprometidos (es decir, consumir drogas, ser un veterano, no tener hogar) como un elemento a ser administrado y controlado por el tribunal. No se puede exagerar el constante aumento de poder de estos tribunales.
