Desfinanciar los tribunales

Durante los últimos dos años y las últimas dos décadas, los organizadores abolicionistas han emprendido campañas para desinvertir de las instituciones que matan, hacen daño, encierran y controlan a nuestras comunidades, e invertir en la vivienda, el cuidado de salud, el apoyo con los ingresos, el empleo y las estrategias de seguridad basadas en la comunidad que producirán seguridad genuina y sostenible para todos. 

Y ellos no se han detenido ahí. También han extendido las exigencias de desfinanciamiento hacia los tribunales y los fiscales, que desempeñan un papel muy importante en el complejo industrial penitenciario. El profesor Brendan Roediger se refiere a los tribunales como “un componente expresivo de la burocracia policial”, mientras que los catedráticos Amanda Woog y Matthew Clair llaman a los tribunales sitios de violencia estatal, coerción y control. Al igual que la policía, los fiscales y los tribunales penales también se promueven como elementos esenciales para la seguridad pública. Sin embargo, la mayor parte de las sentencias de los tribunales penales no tiene ninguna relación con los daños que las personas experimentan. Por ejemplo, en el 2022, hubo casi 13 millones de cargos por delitos menores que obligaron a miles de personas a pasar por el sistema de justicia penal cada año. Más de un cuarto de todos los casos presentados en los tribunales penales son por infracciones viales, drogas o ventanas rotas , los llamados crímenes “de bajo nivel” que la policía y los fiscales comenzaron a perseguir agresivamente en las ciudades, particularmente en la década de 1990. 

Y cuando ocurren verdaderos daños, la solución por defecto de los tribunales penales es la prisión o la supervisión. Esas medidas hacen poco para prevenir, interrumpir, o sanar el daño, o transformar las condiciones que producen el daño. En cambio, esto hace que las cosas empeoren. Con poco que mostrar que no sea control social, los tribunales penales desempeñan un papel tóxico en nuestra sociedad. Con conciencia de esta realidad, los organizadores están ampliando la consigna de desfinanciar a la policía (#DefundPolice) para desfinanciar a los tribunales (#DefundCourts) mediante la reducción de los presupuestos para los tribunales y los fiscales.

En cualquier momento, la cantidad de personas acusadas de crímenes y el número de casos penales pendientes en una corte dependen de las elecciones y acciones de la policía y los fiscales, específicamente de la cantidad de arrestos que realizan y el número de causas que inician.

El profesor John Pfaff ha demostrado que el aumento en la cantidad de fiscales y causas judiciales desempeñó un rol significativo en el crecimiento de las poblaciones de las prisiones durante la explosión de encarcelamientos que marcó un hito a principios del siglo XX. Con el aumento drástico de las tasas de delitos registradas entre las décadas de 1970 y 1990, las fiscalías contrataron a aproximadamente 3,000 fiscales más en el ámbito nacional, lo que representó un aumento del 17% en la cantidad de personal.  Si bien los delitos registrados se redujeron un 35% entre 1990 y 2007, se contrató a otros 10,000 fiscales, con lo cual sus filas crecieron a 30,000. A medida que los delitos registrados disminuyeron, también lo hicieron los arrestos, pero la cantidad de fiscales y los recursos a su disposición se mantuvieron iguales. (Por supuesto, las estadísticas de delincuencia tienen la mala fama de no ser confiables, pero los políticos, los departamentos de policía y los fiscales las han utilizado de manera selectiva para aumentar su poder y su tamaño). 

Con una capacidad aumentada, las fiscalías comenzaron a presentar más cargos por delitos graves en los arrestos.  Pfaff muestra que este aumento en los delitos graves resultó en un aumento en la cantidad de personas sentenciadas a prisión e impulsó el encarcelamiento masivo. Por supuesto, los fiscales no son los únicos responsables por la cantidad astronómica de personas que son arrestadas, enjuiciadas, encarceladas, supervisadas y asesinadas por el estado carcelario. Los legisladores, los tribunales, los oficiales de policía y los jueces en particular fueron y siguen siendo cómplices. La Corte Suprema les dio a los departamentos de policía más autoridad legal para parar, detener y arrestar a más personas, con menos evidencia y con mayor fuerza. También protegió a los fiscales de tener que rendir cuentas. Mientras tanto, los tribunales inferiores habitualmente ceden ante el testimonio de los oficiales de policía, ignoran las mentiras y los elevan al rango de expertos. Los legisladores federales y estatales, por su parte, les otorgaron presupuestos más grandes a los departamentos de policía para comprar más equipo letal y contratar más oficiales. Además, aprobaron leyes penales duras que hicieron más fácil arrestar y encarcelar personas por períodos más largos, lo cual no hizo más que aumentar el poder de la policía, los fiscales y los tribunales penales. Mientras tanto, los legisladores y los políticos se negaron a financiar de manera adecuada las necesidades de prestaciones de bienestar social, salud pública, cuidado infantil, escuelas y vivienda de sus distritos. 

Pero, como mostramos en Introducción a los tribunales penales, los fiscales son actores poderosos en la maquinaria de la opresión. Los fiscales también son buenos objetivos. Y a pesar de que se ha invertido mucha atención y energía en elegir a los llamados “fiscales progresistas”, una estrategia que criticamos aquí, si queremos reducir los daños de la criminalización y el encarcelamiento y aumentar los recursos disponibles para prevenir, interrumpir y sanar el daño, podemos comenzar reduciendo el número de fiscales y sus presupuestos.

Según lo que discutimos aquí, muchas de las reformas comunes dirigidas a los tribunales penales preservan o expanden la criminalización, ya sea de manera intencional o inadvertida. Y, como no es de extrañar, el país continúa arrestando, supervisando y encarcelando a millones de personas. En vez de tratar de hacer que los tribunales sean más justos, más transparentes, más atentos al trauma, nosotros sostenemos que ya es hora de ir más allá de los tribunales penales. Con este objetivo, nuestra esperanza es evitar las trampas de la cooptación y promover estrategias que abordan la raíz del problema: la criminalización en sí misma. Valoramos el trabajo de los organizadores que están tratando de reducir el poder de los tribunales penales recortando sus presupuestos. Su trabajo para desfinanciar los tribunales se consolida a través de sus campañas continuas para desfinanciar a la policía. 

La campaña de la Asamblea Negra de Nashville “Desfinanciar la policía, los tribunales y las cárceles” es uno de los ejemplos de este tipo de enfoque, inspirado por el trabajo organizativo con las personas que están atrapadas en el sistema de castigo penal. Como lo explica Erica Perry de la Asamblea Negra de Nashville: “Como nos dirigían personas directamente impactadas, vimos forzosamente cómo es que la policía te lleve bajo custodia, que te pongan en una celda porque no puedes pagar la fianza y que luego te pongan ante un tribunal para una lectura de cargos frente a un fiscal y un juez antinegros. Logramos organizar a las personas a partir de su rabia y de sus experiencias con la policía, dentro de una cárcel, y dentro de los tribunales”.

La campaña tiene como objetivo específico los tribunales especializados, como los tribunales de drogas, los tribunales de veteranos y los tribunales de violencia doméstica. Perry señala que estos programas “se apropian de nuestro lenguaje sobre el deseo de que las personas tengan acceso a servicios en lugar de encarcelarlas cuando dicen ‘queremos que las personas tengan servicios, así que queremos arrestar a personas y obligarlas a acceder a servicios sociales por los que tienen que pagar para no ser condenadas’”. La Asamblea Negra de Nashville elaboró una encuesta que distribuyó en la comunidad, en la que les preguntaba a las personas de dónde quieren sacar dinero del presupuesto de la ciudad y dónde quieren invertirlo. Muchas personas querían sacar fondos de la policía, los tribunales y las cárceles para invertirlos en otros recursos, como en iniciativas de prevención del daño y justicia transformativa dirigidas por la comunidad. La Asamblea Negra de Nashville ahora utilizará la información recopilada en la encuesta en las elecciones de la fiscalía y judiciales para preguntarles a los candidatos si están dispuestos a cumplir con esos pedidos, y, como parte de la campaña de inversión y desinversión a fin de reducir el tamaño y el poder de los tribunales locales y la oficina del fiscal del distrito. 

El Presupuesto de Solidaridad de Seattle ofrece otro ejemplo de un abordaje integral para las campañas de desfinanciamiento. Angélica Cházaro centra este abordaje en una lucha de 2016 para detener la construcción de una cárcel para jóvenes, la cual a su vez requería la reducción de enjuiciamientos juveniles: “Si no vamos a tener encarcelamiento juvenil, tampoco deberíamos tener fallos juveniles: podemos usar esas luchas para cerrar o detener las cárceles y lograr que las personas lleguen la inevitable conclusión de que no necesitamos ninguna de las partes de este sistema”. Como subraya Cházaro, terminar con el encarcelamiento juvenil y todo tipo de encarcelamiento significa el terminar con el enjuiciamiento también.   

En el 2020, la coalición del Presupuesto de Solidaridad de Seattle inicialmente pidió desfinanciar el Departamento de Policía de Seattle en un 50%, y trabajó con los defensores públicos locales para promover una ordenanza en el Código Municipal de Seattle a fin de detener la criminalización de comportamientos relacionados a necesidades de salud mental insatisfechas, la pobreza y el consumo de drogas. Cházaro destaca que esta exigencia enfrentó la mayor resistencia: Los políticos y grupos comerciales de Seattle parecían oponerse menos a reducir recursos de la policía que a detener los enjuiciamientos por delitos menores y desfinanciar los tribunales municipales. 

No obstante, en su segundo año, el Presupuesto de Solidaridad de Seattle amplió sus reclamos, y también exigió un recorte del 50% del financiamiento para las divisiones penales de la oficina del fiscal de la ciudad y del Tribunal Municipal de Seattle. La fiscalía municipal enjuicia los delitos menores en el tribunal municipal, donde las personas pobres se identifican como objetivos, son ocultadas y deshumanizadas. Además, la campaña del Presupuesto de Solidaridad exigió la despenalización de los delitos menores. En su propuesta de presupuesto, la campaña rechazó la justificación del tribunal municipal para aumentar el financiamiento y el poder a partir del ofrecimiento de alternativas al encarcelamiento por delitos menores. “Los tribunales y los fiscales no son agencias de servicio social, y no deben ser el camino a la vivienda y el tratamiento.  Así como las respuestas a las crisis de salud mental deben estar en manos de la comunidad [...] los tribunales y los fiscales no deben ser financiados para proveer el apoyo y programación básicos que necesitan las personas”.

El presupuesto de Solidaridad de Seattle exige que se utilicen los recursos que actualmente se destinan al tribunal municipal para crear grupos de trabajo de los miembros de la comunidad a fin de desarrollar alternativas a los enjuiciamientos por delitos menores, incluyendo casos de delitos menores vinculados a violencia doméstica, que actualmente constituyen un tercio de los costos de los tribunales municipales, y para desarrollar un plan de 5 años para terminar con los enjuiciamientos en los tribunales municipales en Seattle. Estas iniciativas incluyen desarrollar una transición justa para los trabajadores de los tribunales, muchos de los cuales, incluyendo a los trabajadores de la libertad provisional y la libertad condicional, son personas negras, indígenas o de color con empleos sindicalizados. Los organizadores han comenzado a hacer avances con los sindicatos que representan a los trabajadores de los tribunales, preguntándoles “¿Qué es lo que le gusta de su trabajo? ¿No sería genial si pudiera hacer las cosas que quiere hacer por su comunidad de maneras que no se basen en la violencia ni en la amenaza de la violencia?”

Como eje del trabajo organizativo que se propone desfinanciar las iniciativas comunitarias de las instituciones carcelarias para volver a imaginar la seguridad pública y el gasto público. En Seattle, Nashville y otras ciudades, los organizadores han desarrollado sus propias propuestas de presupuesto, que crearán mayor seguridad para todos. 

Los presupuestos son reflejos de los valores y prioridades de la comunidad. Las decisiones de los gobiernos sobre lo que financian y no financian son profundamente políticas, y es el momento de cuestionarlas. Para los organizadores, las conversaciones alrededor de los presupuestos son una oportunidad para invitar a los miembros de la comunidad a volver a imaginar nuestras instituciones públicas y para crear el tipo de mundo que las personas necesitan y merecen. 

Los organizadores están trabajando para exponer cuánto gastan su ciudad, su condado y su estado para que funcionen sus tribunales penales, al tiempo que ofrecen propuestas alternativas sobre cómo se pueden distribuir esos fondos. En Seattle, los organizadores han entrenado su mirada para analizar los tribunales municipales. Así, han comenzado a trabajar para eliminar los tipos de enjuiciamientos penales que, en la opinión de muchas personas, son dañinos y desperdician recursos. Pero, de manera clave, no solo se han concentrado en estos tipos de delitos. Por ejemplo, también han obtenido financiamiento para un grupo de trabajo que puede ayudar a presentar el problema ante el público y el consejo municipal, y convencerlos de que incluso las instancias de violencia doméstica se abordan mejor fuera del tribunal penal. Para lograr esto, los organizadores no solo están identificando cómo desinvertir, sino también cómo invertir en el cuidado comunitario para abordar verdaderamente las fuentes del daño.

Social Movement Support Lab ya ha desarrollado una herramienta sofisticada para descubrir cuánto gasta su jurisdicción en vigilancia policial, tribunales y prisiones. Puede suplementar estos datos con información local acerca de cuánto cuestan los tribunales penales en su comunidad. Por ejemplo, puede consultar el detalle de los costos para un tribunal en Brooklyn (Nueva York) donde se llevan a cabo las lecturas de cargos. Nuestras estimaciones son modestas. Nosotros solo incluimos los rangos de salarios más bajos y no incluimos otras formas de beneficios y pagos que pueden recibir los empleados. Solo contamos a las personas que están físicamente dentro del salón de la corte. Pero hacen falta más oficiales de policía, fiscales, funcionarios de los tribunales y abogados para llevar un caso desde el arresto hasta la lectura de cargos. Aquí ofrecemos un vistazo.

• ¿Cómo podría gastarse mejor el dinero que actualmente se destina a pagar a los fiscales, jueces, funcionarios de los tribunales, oficiales de policía y oficiales correccionales? ¿De qué maneras más eficientes pueden utilizarse nuestros recursos y nuestra energía colectiva?
• A medida que avanzamos en la reducción del tamaño, el alcance y el poder de los tribunales y sus agencias carcelarias, ¿cómo podemos proteger a los individuos que actualmente están pasando por tribunales y enjuiciamientos? ¿Qué tipo de reacción negativa podemos anticipar y cómo podemos defendernos de la misma?
• ¿Cómo podemos forjar alianzas a través de los movimientos para exigir presupuestos que brinden prosperidad integral e inclusiva y seguridad para todos nosotros?