Trayectoria del caso

Presentación de cargos

Los fiscales revisan la información que los agentes de policía les presentan y deciden si presentar formalmente cargos contra una persona por un delito. Esta decisión ayuda a transformar un incidente en un caso penal y le da inicio al procedimiento del tribunal penal.

Prosecutors look at the information the cops provide and decide whether to formally charge someone with a crime. This decision helps to transform an incident into a criminal case and sets in motion the criminal court proceeding. 

Ilusión:

El fiscal toma las decisiones de presentación de cargos de manera objetiva y cuidadosa, con base en investigaciones y fuentes diferentes. Su principal motivación es proteger el interés público.

Realidad:

Los fiscales toman sus decisiones de presentación de cargos más que nada con base en lo que las fuerzas policiales les dicen, aunque los agentes de policía frecuentemente hacen acusaciones falseadas o a veces completamente falsas. Están motivados por la acumulación de condenas para potenciar sus carreras.

Police lie routinely. One well known example is the police report of George Floyd's death:

El Departamento de Policía de Minneapolis dio una descripción inicial de la muerte de George Floyd en mayo de 2020, en la cual decía que Floyd había muerto después de un “incidente médico durante una interacción con las fuerzas policiales”.

Ese informe fue refutado horas después cuando el horripilante video de su muerte inundó la internet, encendiendo levantamientos masivos en las calles.

Los fiscales presentarán cargos por todos y cada uno de los delitos posiblemente enjuiciables con base en lo que un agente de policía o un testigo describa. A menudo, muchas leyes penales diferentes pueden cubrir un comportamiento en particular (por ejemplo, hurtar algo de una tienda). Esto le da al estado mucho poder cuando decide cuáles cargos presentar por el mismo comportamiento. 

Las fuerzas policiales arrestaron a un hombre sin vivienda llamado Genoly Turner que vivía en un refugio en el barrio Upper West Side de Manhattan (Nueva York) por supuestamente tratar de robar edredones de una tienda HomeGoods y de amenazar a un empleado en la tienda (durante su arresto no se encontró que él llevara armas).

Considerando los alegatos sobre lo sucedido, el fiscal del distrito de Manhattan pudo haber escogido presentar cargos contra el Sr. Turner por un robo de tercer grado, un delito grave que conlleva a una posible condena de 7 años de prisión, o por un hurto menor, un delito menor que conlleva a máximo un año de prisión.

En lugar de eso, el fiscal decidió presentar cargos por robo de primer grado, que se clasifica como un delito grave violento y conlleva a hasta 25 años de prisión. Debajo de este cargo mayor (mayor porque conlleva al castigo más severo), el fiscal agregó cargos adicionales y menores (menores porque conllevan a un castigo más leve), incluyendo robo de primer grado y hurto menor.

Ilustración de una campaña de un fiscal progresista. El fiscal está de pie en un podio rodeado de partidarios. Mientras tanto, fuera del sitio de la campaña se ven protestantes. Los protestantes sostienen carteles que dicen “Despenalizar” y “BLM”.

Al reconocer el poder que tienen los fiscales - las organizaciones sin fines de lucro, los defensores, los organizadores e incluso los financiadores han acogido una estrategia electoral enfocada en los candidatos que busca elegir a los tales “fiscales progresistas”, candidatos que prometen implementar una serie de reformas una vez que sean elegidos, a veces incluyendo promesas de no presentar cargos por delitos menores como “deambular” (sí, puede ser un delito estar de pie de manera inútil) o posesión de marihuana. Aunque esto parece una buena estrategia para reducir el número de personas en las prisiones y en las cárceles, como abolicionistas creemos que los fiscales son fundamentales para el sistema de castigo criminal. No importa qué tan “progresistas” sean, en el fondo, su trabajo es poner a las personas tras las rejas. Es por ello que el enjuiciamiento nunca podrá ser progresista, sin importar las políticas personales de la persona electa. En su lugar, creemos que los fiscales, como todo el sistema de castigo criminal, deben abolirse. Como organizadores abolicionistas, nuestra tarea es forjar poder mientras que trabajamos para reducir el tamaño, el ámbito, los recursos y el poder de la oficina de la fiscalía, no apoyarla y legitimarla al promover el mito de que los fiscales pueden ser “progresistas”. Para obtener más información sobre nuestro enfoque con los fiscales, revise estos recursos:

A menudo, los fiscales tienen muchos cargos diferentes para escoger, los cuales conllevan a una amplia selección de opciones para el castigo. Esta cantidad de opciones tiene un propósito: le permite al sistema de castigo criminal imponer diferentes consecuencias para personas diferentes y circunstancias diferentes, frecuentemente de maneras que discriminan con base en la raza, el género, la discapacidad, la pobreza, el estatus migratorio, etc. El cargo que se presenta en contra de una persona determina el grado de severidad con el que se le castigará al final del caso. Los fiscales tienen plena facultad sobre cuáles y cuántos cargos presentar en contra de la persona a la que están enjuiciando.

En el 2010, la organización de feministas negras Women With A Vision comenzó a llamar la atención sobre el impacto devastador de las decisiones de los fiscales en relación con la presentación de cargos contra las mujeres negras, las personas queer y las personas transgénero por delitos vinculados a la prostitución, que produjeron desigualdades en las sentencias y en las consecuencias colaterales, incluyendo el registro de las personas acusadas como delincuentes sexuales.

Aunque ya desde comienzos de la década de 1800 Luisiana tenía leyes contra la prostitución, el sexo oral y anal (ambos delitos menores), en 1982 se aprobó otra ley llamada “Crimes Against Nature by Solicitiation” [Delitos contra la Naturaleza por Prostitución] o CANS (por sus siglas en inglés), la cual se encarnizó contra ambas prácticas y convirtió estos actos en delitos graves.

En 1999, después de que un agente de policía de Nueva Orleans le pidiera a Wendi Cooper, una mujer trans negra, que intercambiara sexo por dinero, él la arrestó por trabajo sexual. Por la misma conducta, los fiscales en el caso de Wendi Cooper podrían haber presentado cargos por prostitución, un delito menor sancionable con una multa de $500 dólares o una sentencia en la cárcel de hasta seis meses. Sin embargo, le presentaron cargos por CANS, que, por un primer delito, sancionaba con hasta cinco años de trabajo forzoso y la inclusión en el registro de delincuentes sexuales. En el caso de un tercer delito, se puede recibir una sentencia desde 20 años hasta la cadena perpetua.

¿Por qué un fiscal agrega cargos adicionales? 

Las condenas les dan legitimidad (y dirigen más poder y fondos) a las oficinas de la fiscalía.  Multiplicar los cargos (conocido como “overcharging”) también aumenta las posibilidades de condena; aún si uno o dos de los cargos se desestiman, sigue habiendo una cantidad de cargos por los que se puede condenar a una persona.

En abril de 2016, cientos de agentes de policía del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) y agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional, de la Administración de Control de Drogas y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos hicieron una redada en un proyecto de vivienda pública en el Bronx que resultó en 120 imputaciones de cargos por conspiración federal en su mayoría a hombres jóvenes negros y latinos entre los 15 y los 25 años. Algunos de ellos ya estaban cumpliendo sentencias por los mismos cargos en el tribunal estatal.

Pero los fiscales federales también querían tener un poco de la acción. Ellos lanzaron cargos por conspiración, algunos de los cuales estaban bajo la Ley sobre Organizaciones Corruptas y Estafadoras (RICO, por sus siglas en inglés). Estos cargos son notoriamente difíciles de pelear en el tribunal y pueden conllevar a sentencias draconianas.

Bajo la amenaza de pasar décadas en la prisión, 115 de los 120 hombres aceptaron la negociación de una declaración de culpabilidad por cargos y sentencias menores y, solamente dos llevaron sus casos a juicio. 35 de los demandados fueron condenados por RICO o conspiración de narcóticos sólo por vender marihuana, que ahora es legal en la Ciudad de Nueva York, y por lo menos 50 de ellos ni tan siquiera eran sospechosos de ser miembros de una pandilla.

Debido a que más del 90% de las condenas terminan en una negociación, multiplicar los cargos también le da a la oficina de la fiscalía una ventaja enorme en las negociaciones de declaración de culpabilidad. Los cargos con sentencias extremadamente largas desalientan a las personas de ejercer su derecho al juicio porque se arriesgan a una sentencia más larga si son condenados por un jurado que si aceptan un cargo y una sentencia menor. En cambio, es más probable que una persona acepte declararse culpable para evitar perder su vivienda, su familia, sus hijos, o enfrentar consecuencias de inmigración que vienen con un encarcelamiento prolongado. ¡Pronto tendremos más información sobre la negociación de una declaración de culpabilidad!

Cuando se arresta a una persona, la policía toma sus huellas dactilares y las comparan en bases de datos nacionales que habitualmente alertan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y son accesibles permanentemente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Si el arresto conlleva a cargos, el solo hecho de que se le presente un cargo por un delito a menudo pone a la persona en riesgo de deportación y/o rechazo de cualquier solicitud en el futuro para una tarjeta de residencia, ciudadanía o incluso una visa. Finalmente, si el cargo conlleva a una condena, puede desencadenar el encarcelamiento o deportación obligatorios, especialmente para las condenas por delitos graves y, puede ser utilizado en su contra para justificar la deportación o el rechazo de futuras solicitudes en cualquier momento en el futuro. En la década de 1990, el Congreso aprobó leyes que expandieron drásticamente los tipos de delitos que convierten a personas no ciudadanas elegibles para la deportación. Debido a que los fiscales tienen el poder de presentar cargos por un delito, y cargos particulares implican consecuencias de inmigración, especialmente los delitos graves aunque también algunos delitos menores, el fiscal básicamente sirve como un funcionario de inmigración de hecho porque puede decidir sobre presentar cargos contra alguien con un delito de categoría deportable.

Además de ofrecer ventajas para asegurar una declaración de culpabilidad, ¿por qué, adicionalmente, son tan importantes las decisiones del fiscal sobre los cargos a presentar?

Los cargos escogidos por el fiscal importan porque cada uno viene con diferentes posibilidades de castigo. El castigo no solamente viene en forma de encarcelamiento. Una condena por un delito grave, e incluso algunas condenas por delitos menores, como delitos “relacionados con la prostitución” también tienen implicaciones graves para la vivienda, los beneficios como cupones de alimentos, el empleo, el riesgo de deportación, los derechos parentales y la ejecución de derechos civiles como votar y prestar servicio en un jurado.

Ilusión:

Si a una persona la arrestan y se presentan cargos en su contra por un delito, esa persona debe saber exactamente cuáles son los cargos y por qué se presentan. 

Realidad:

Cuando el fiscal decide cuáles cargos presentar, los escriben en una hoja llamada la demanda (también conocida como el instrumento acusatorio o el instrumento de presentación de cargos). Aunque se supone que la demanda es una notificación para la persona sobre las acusaciones, en realidad, es generalmente un documento poco claro que incluye hechos mínimos sobre el delito del cual se acusa a la persona de haber cometido.

 

Porque los fiscales sólo tienen que exponer la cantidad mínima de información requerida para hacer una acusación. La persona enjuiciada y su abogado defensor frecuentemente conocen muy poco sobre las declaraciones de la fiscalía acerca de lo que sucedió, qué evidencia tienen, de qué manera la pueden usar y, por lo tanto, qué probabilidades tiene de ser condenada. Mantener a la defensa en la ignorancia es una táctica que los fiscales utilizan ya que le da a la fiscalía una ventaja desde el comienzo.

Because prosecutors only have to lay out the minimum amount of information required to make an accusation, the person being prosecuted and their defense lawyer often know very little about what the prosecution claimed happened, what evidence they have and how they are likely to use it, and therefore how likely they are to be convicted. Leaving the defense in the dark is a tactic prosecutors use as it gives the prosecution an advantage from the get go.

Aprendizajes clave

  • Los fiscales enjuician a las personas en nombre del gobierno, no de la persona que sufrió los daños (si la hay). Esto significa que aun si la persona que sufrió los daños no quiere que se presenten cargos en contra de nadie o si no quieren participar en el enjuiciamiento, la fiscalía puede proceder.   
  • Los fiscales son responsables completamente de la decisión de presentar cargos. Ellos tienen el poder de decidir si se enjuicia a una persona y por cuáles cargos enjuiciarla. Muchas de sus decisiones están basadas en informes de agentes de policía, sus ojos y oídos en el campo.
  • Muchos comportamientos en los Estados Unidos son y pueden ser criminalizados, y a menudo las sanciones son muy rígidas. Las sentencias promedio en los Estados Unidos son más largas que en muchos otros países. Los legisladores les han dado a los fiscales las herramientas para exhibir su poder. En todo el país, los organizadores han empezado campañas para despenalizar delitos, tales como el trabajo sexual, la posesión de drogas y la pobreza, es decir, campañas para cambiar lo que se penaliza para reducir el poder que los fiscales, las fuerzas policiales y el sistema de castigo criminal tienen para arrestar a las personas, presentar cargos en su contra y condenarlas.
  • Estructuralmente, el sistema criminal legal está diseñado de tal manera que le posibilita a un fiscal asegurar una condena si multiplica y exagera los cargos de las personas. No se trata solamente del abuso de poder de parte de los fiscales, el sistema está diseñado para que ellos tomen esas decisiones.
  • La mejor manera de abordar el poder de los fiscales es trabajar para reducir su poder y los recursos que tienen las fiscalías, NO invirtiendo más legitimidad y fondos en las fiscalías a través de campañas para elegir "fiscales progresistas". Para más información, acceda a los recursos para contrarrestar el poder y los recursos de los fiscales y desfinanciar los tribunales y las fiscalías.
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